¿Su empresa está realmente
en cumplimiento regulatorio?

Desde el Decreto 43432-S (2022), el PSF se otorga bajo declaración jurada: la empresa declara cumplir toda la normativa aplicable y el permiso se emite de forma inmediata. Pero si una inspección posterior —programada o de oficio— detecta que se faltó a la verdad: cancelación inmediata del PSF, clausura del establecimiento y, según amerite la circunstancia, denuncia penal ante el Ministerio Público por perjurio.

El Decreto N.° 45166-MTSS (2025) establece dos umbrales: empresas con 10 o más trabajadores deben constituir una Comisión de Salud Ocupacional —estructura bipartita con representantes del patrono y de los trabajadores en proporción paritaria—. Las empresas con más de 50 trabajadores permanentes deben además contar con un Departamento de Salud Ocupacional a cargo de un profesional universitario en la materia. El incumplimiento coloca a la empresa en estado de incumplimiento ante el CSO, sujeta a sanciones conforme al Código de Trabajo.

Cumplir simultáneamente con Ministerio de Salud, MTSS/Inspección del Trabajo, CSO, Bomberos, CCSS, INS y la Municipalidad —cada uno con sus propios formularios, plazos e inspectores— puede consumir cientos de horas internas al año. Y como estos permisos están interconectados (el PSF exige estar al día con CCSS; la patente municipal exige PSF, CCSS e INS), una brecha puede provocar un efecto cascada que compromete la operación legal del negocio.